Políticas anti-drogas, economía e impacto en
México.
Las
laxas e inconstantes políticas contra las drogas, implementadas a lo largo de
las últimas cuatro décadas por el país rey entre los consumidores de sustancias
ilegales, han acarreado consecuencias medibles en la realidad socio-económica
de países productores y distribuidores, como el nuestro (México) que nos
afectan incluso el día de hoy.
Tomando
una pequeña dosis de historia, recordamos que el 17 de junio de 1971, el
entonces Presidente Norteamericano Richard Nixon dio inicio formal a la guerra
contra las drogas, señalando que estas constituían el “enemigo público número
1”. Como consecuencia de esta declaración y un poco para ser tomado en serio,
en 1973 creó la DEA (Drug Enforcement Agency) con la finalidad de coordinar
dicha guerra. (Apuesto a que el Presidente Calderón no pensó en algo similar)
Sin
embargo, a través de los propios años setenta y ochenta, las políticas americanas
en cuanto a los narcóticos variaron radicalmente, Jimmy Carter incluyó en su
plataforma política la propuesta de despenalizar el uso de mariguana, años
después, Reagan inició una fuerte campaña contra el uso de estas sustancias.
Este
“estira y afloja” en cuanto a políticas públicas ha acarreado consecuencias que
se resienten a lo largo de todos los países de América Latina, considerados
productores y exportadores de estas sustancias y ligados íntima y
comercialmente a EU.
El
objeto del presente comentario es analizar hasta qué punto se puede medir el
impacto en los indicadores macroeconómicos de mi país, México, en relación a
las políticas públicas del gobierno norteamericano en relación al tema de las
drogas.
BREVE
RESÚMEN DE LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS NORTEAMERICANAS
Entre
los años de 1972 y 1988 el consumo de cocaína en EU se incrementó cinco veces.[1]
Tristemente lo anterior también es cierto para anfetaminas y éxtasis, drogas
sintéticas de gran demanda hoy en día.
Para 1970
el Congreso estadounidense creó el Federal Controlled Substances Act (CSA),
cuya finalidad era regular el comercio interestatal de sustancias controladas.
Dicha norma clasificaba las sustancias de acuerdo a sus características de
factibilidad de abuso y a sus propiedades médicas. La CSA es responsable de la
“disminución” en las penas en relación con la posesión, distribución y tráfico
de la marihuana, por considerarla menos dañina que otras sustancias.
El
consumo a gran escala de cocaína en E.U. inició en la década de los sesenta,
mostrando un gran incremento para la década siguiente y manteniendo una
tendencia a la alta en los turbios ochentas, década en la que el uso de esta
sustancia en particular cobró relevancia e incluso fue elevada a icono popular
gracias a películas como Scarface (1983) donde algunos incluso señalarían, se
alienta a su consumo.
Fue en
la década de los ochenta, que el Presidente Reagan, creó el Anti-Drug Abuse Act
(1986) y el Anti-Drug Abuse Amendment Act (1988), documentos cuya finalidad fue
incrementar las penas para los delitos relacionados con drogas. Expertos
generalmente concuerdan que el refuerzo a las políticas antidrogas en esta
época fue la respuesta del gobierno norteamericano a la introducción del crack
en su mercado.
Parte
del doble discurso que se le reprocha a la administración de Reagan, es que aún
y cuando públicamente se hacían grandes alegaciones en contra de las drogas y
su consumo, varios altos funcionarios de su gabinete se vieron involucrados con
el grupo nicaragüense de los Contras, quienes durante su término introdujeron
grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense utilizando aviones e
instalaciones militares, esto, supuestamente con la finalidad de financiar el
conflicto armado en Nicaragua.
Los pilares
fundamentales de la lucha antidrogas han sido los siguientes:
- Tratamiento de adicciones.
- Control de producción.
- Interdicción. (Veda y confiscación)
- Control dentro del territorio.
La
evidencia demuestra que durante las últimas dos décadas, las políticas
estadounidenses en relación al control de las drogas han hecho poco para
disminuir el problema.[2] Actualmente
se estima que el costo de las políticas anti-drogas estadounidenses es de $40
billones de dólares al año.
75% de
los norteamericanos creen que tras 40 años de lucha contra las drogas, su
“guerra” ha fallado.
Esta ha
sido a grandes rasgos la historia de la política norteamericana en relación a
las drogas, uso y abuso de sus sub-productos y beneficios económicos para ambas
partes.
Cómo
única consecuencia medible de las políticas antidrogas del vecino país del
norte son el hecho de que a la fecha, están próximos a sobrepasar el medio
millón de prisioneros por crímenes relacionados a sustancias controladas. Lo
cual ha tenido un impacto nulo en las cantidades de adictos y toneladas
métricas de drogas que se consumen anualmente en su país.
El
incremento de consumo en países que anteriormente eran considerados productores
o vías de paso para las drogas.
Notable
incremento de violencia en los países productores y de tránsito.
La
finalidad de ejercer políticas “duras” y de cero tolerancia en relación a las
drogas es que sus precios se incrementen, dificultando el acceso a compradores
tanto cautivos como potenciales y despojando al negocio de sus lucrativos
ingresos, sin embargo, los narcotraficantes son hábiles y logran disminuir los
costos de producción y traslado, a veces a consecuencia de la calidad del
producto, con la finalidad de evitar alzas en el precio y mantener el negocio
activo.
EFECTOS
EN MÉXICO
México
es notablemente sensible a los cambios en las políticas antidrogas de EU, como
consecuencia directa de su proximidad geográfica, comercial y económica.
La
evolución de México como punto de acceso de las drogas a EU, a país productor y
consumidor va de la mano con las determinaciones que se toman “del otro lado”.
Los efectos de 40 años de guerra contra las drogas en EU, son visibles en
México.
Desde
que el Presidente Felipe Calderón declaró su propia versión de la “guerra”
contra las drogas (aunque después se desdijo) la cifra de muertes relacionadas
con violencia (cifra que también está sujeta a desacuerdos) ha ascendido a casi
70,000.
Sin
embargo, las lamentables pérdidas de vidas humanas, las condiciones de
inseguridad, las violaciones a derechos humanos propiciadas por las fuerzas
armadas en las calles de nuestro país no son las únicas consecuencias medibles
de estas estrategias. Que una determinada zona o territorio sea más o menos
violento no quiere decir que existen más o menos problemas con el crimen
organizado, un instrumento eficaz para medir la influencia de los cárteles se
encuentra en los medidores macroeconómicos.
PIB
MEXICO Y % QUE OCUPAN LAS DROGAS
El
Producto Interno Bruto, es un referente macroeconómico que busca determinar el
valor monetario de la producción de bienes y servicios en un país durante un
periodo de tiempo determinado. Según Michael Parkin[3],
esta definición tiene 4 partes:
- Valor de mercado.
- Bienes y servicios finales.
- Producidos en un país.
- Durante cierto periodo.
Salvando
al lector de las minucias económicas necesarias para describir el PIB,
declaramos que se trata de un factor importante en cuanto hace a indicadores
macroeconómicos y que a grande rasgos permite discernir con cierta claridad que
tanto se produce, la cantidad de ingresos y que tanto se gasta en un país.
Ahora
bien, ¿qué parte del PIB ocupa el mercado de las drogas en un país como México?
Para
responder esa pregunta podemos centrar nuestra atención en mediciones y
estadísticas oficiales, ¿o no?
Por una
parte hay quienes señalan que la producción de drogas en México es inmedible,
como recientemente declaró el economista español Carlos Resa (21 agosto 2012),
quien también señalo que el porcentaje del PIB que podría ocupar dicha
industria es cercana o menor al 1% y quien posteriomente declaró (aunque no
concuerdo con él) que:
“En esta empresa hay negocio en las áreas de
producción y distribución, la demanda genera la oferta, y es elástica al
precio. Así, los consumidores cambian de estupefaciente si cambia el valor”.
Como punto intermedio, se
cuenta con estadísticas no oficiales, que incluso, en 1994, calculaban que las
ganancias de los cárteles ascendían a 30 billones de dólares, equivalente al
7.1% del PIB de ese año.
Al otro lado de la moneda,
encontramos estimaciones aterradoras de la influencia económica del crimen
organizado en nuestro país, consecuencia también, de la falta de estrategias
para combatir el lavado de dinero, rama en la cual México se ubica en lugar 14
a nivel mundial, blanqueando 26 mil millones de dólares de capital mal habido
anualmente.
En este nicho ubicamos al Dr.
Fernando Tenorio Tagle, quien señala que hasta el 40% del PIB en México puede
considerarse generado por el crimen organizado.[4]
COMENTARIOS
Al final, todo se reduce a
que, tratándose de una actividad ilícita, debemos contentarnos con
estimaciones, ya que aparentemente los esfuerzos de nuestras autoridades se
centran en el “combate frontal” y dejan de lado la investigación seria y
científica que permitiría conocer la manera en que las asociaciones criminales
operan, obtienen, distribuyen y blanquean los recursos, siendo este, desde el
punto de vista personal, una de las áreas vulnerables que debiera atacar el
Estado.
Las políticas antidrogas
norteamericanas afectan a México, de manera tangible se han aumentado los
índices de consumo de sustancias controladas en nuestro país, de manera
constante en los últimos 40 años.
El cierre de las rutas de
drogas a través del caribe acarreó también consecuencias graves para nuestro
país, puesto que al trasladar las rutas y vías de paso a este territorio, las
disputas por el control de zonas de mayor y más fácil tránsito han resultado en
violencia entre organizaciones criminales, las cuales lamentablemente acarrean
daños colaterales.
Mientras la estrategia sea
“lucha frontal” los avances en materia serán limitados y vendrán a grandes
costos. No se puede luchar contra algo que no se conoce, y privarnos de
información valiosa no nos permite dar con la solución al problema, debemos
invertir tiempo y recursos no solo en este combate frontal, sino en el análisis
de operaciones de los grupos de criminales organizados.
[1] RAND. Controlling cocaine. Supply
vs Demand programs. Rydell C. Peter, Everingham S. Susan. Disponible en:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2006/RAND_MR331.pdf
[2] Hakim, Peter. Rethinking US Drug
Policy. Disponible en:
http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Rethinking%20US%20Drug%20Policy.pdf
[3]
Parkin, Michael. Economía. Ed. Pearson Sexta Edicion. 2004.
[4]
Vid: http://www.voltairenet.org/Crimen-organizado-produce-40-del
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