PENALIDAD SIN SENTIDO, INCREMENTO DE PENAS A MENORES EN TABASCO.
El pasado 11 de agosto el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, apareció ante diversos medios nacionales promocionando el último “logro” del tribunal, se trata de la iniciativa de ley que promueve el incremento de penas para menores en conflicto con la ley penal, en un término que pasará de un máximo de 8 años hasta los 15, abriendo la posibilidad de que estos terminen de cumplir su condena en centros estatales de reinserción social.
Tal decisión explica Campos Montejo, se basa en el reclamo de la sociedad sobre las laxas penas que rigen las conductas antisociales de los menores en el Estado, y destacan las cifras presentadas del año 2009 y 2010 en contraste con el presente, donde se señala que en 2009 se proceso a 162 menores, 2010 vio un decremento a 136, mientras en lo que va del presente año hemos alcanzado la cifra de 248 menores procesados en materia penal.
Preocupa que mediante esta reforma se fomente que los menores permanezcan hasta 15 años en las instituciones de readaptación social, condenándolos a una vida de etiquetamiento como criminales, como dice el título de este artículo, la penalidad sin sentido va en función de la probada ineficacia de nuestros modelos y centros de readaptación social, se está condenando a los menores no solo a una pena por el delito que cometieron, sino también a una vida en instituciones que no podrían estar más alejadas de su propósito de readaptar al individuo delincuente.
La ineficacia de nuestro sistema penitenciario para readaptar a los individuos que cometen delitos debería ser suficiente para no permitirnos recurrir a él como primera opción cuando se trata de prevenir delitos, especialmente cuando se trata de menores y sujetos vulnerables, a quienes más que castigar deberíamos disculparnos por haberles fallado como sociedad.
Recuerdo en este sentido la “Ley del Instrumento” de Abraham Maslow, quien señala que si lo único que se tiene es un martillo, todo cuanto se vea parecerá un clavo, resulta por demás lamentable que el único instrumento en materia de prevención conocido por nuestros operadores judiciales y legislativos sea incrementar las penas, despreocupándose por los diversos ámbitos de prevención que si bien no muestran resultados inmediatos permitirían atacar el problema de una manera concreta.
Los legisladores y operadores políticos han dejado de lado las estrategias más eficaces en control delictivo y prevención del delito, como el trabajo policial de inteligencia, prevención situacional del delito, policía orientada a problemas y otros, privilegiando modelos de corte represivo cada vez más fuertes. Está por demás demostrado que el incremento en las penas no es eficaz en controlar la comisión de delitos, menos aún cuando estas pretenden ser impuestas a menores de edad que desconocen por completo la ley, ¿no sería mejor acercar la ley a los menores?
¿Qué opciones les damos a nuestros hijos al momento de cometer un delito?; las medidas cautelares contempladas en la ley no permiten tampoco una readaptación social del individuo, se sigue privilegiando a la prisión preventiva y se obvian las demás alternativas que podrían resultar más humanas.
Un chico que pasa 15 años en prisión no ha tenido oportunidad de convivir con sus semejantes, se ve forzado a vivir una vida privada de juegos, diversiones, cariño de su familia, se le pide comportarse como adulto de la noche a la mañana, se priva del derecho a la educación, se expone a malos tratos por parte del personal y de los demás chicos, que como consecuencia del etiquetamiento social del que son víctimas se ven a sí mismos como los malos de la película, buscando sobresalir para no ser víctimas de otros.
Sin duda estamos muy lejos de lograr la readaptación de nuestros delincuentes y los menores por su condición inherente representan el sector más vulnerable de la población penitenciaria, al incrementar las penas que se les impondrán no estamos haciéndoles un bien, que quede claro que si acaso estamos prolongando su exposición a un sistema viciado, lleno de corrupción, violaciones a los derechos fundamentales y eso sí, duplicando el tiempo que estarán ahí lograremos que creen más rencor hacia la sociedad, que convivan con personas más peligrosas que ellos y que incluso, más allá de readaptarse, se profesionalicen como delincuentes, como resultado de la exagerada pena impuesta a los mismos y el etiquetamiento social severo al que serán impuestos.
Cabe señalar que la falta de una adecuada política criminal en este sentido puede tener consecuencias terribles, al desplazar el objetivo de los criminales que reclutan menores hacia niños de menor edad, precisamente con la finalidad de evitar que se les impongan estas penas.
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