Unificación de la legislación penal.
Esta idea, recientemente traída anueva vida desde el camposanto de banderas políticas, adorna desde hace algunas semanas los diarios nacionales y es que el denominado Pacto por México propuesto por el Ejecutivo rescata la adopción de un Código Penal y Código de Procedimientos Penales únicos para todas las entidades federativas del paísy a nivel federal.
La propuesta que nos ocupa se remonta a varios ayeres y es que, al menos en el país, se ha intentado en ya varias ocasiones (1936, 1963, 1983 y 2003)[1].
La falta de decisión que impidió su aplicación en alguna de estas oportunidades escapa a la atención del autor, y es que en realidad parece una buena idea que acarrearía consecuencias deseables, no se me ocurre más que el hecho de que estábamos cómodos con el sistema penal que teníamos antes, uno que privilegiaba la discriminación a través de la existencia de 2 justicias paralelas, la de los pobres y la de los ricos.
¿Cuáles serían las ventajas de adoptar este esquema unificado? Dogmáticamente las ventajas son numerosas, primero, se privilegiaría la existencia de tipos penales actualizados y realmente aplicables, dado que el esfuerzo unificador supondrá una profunda revisión de los catálogos penales de los estados y los cuerpos normativos que contengan delitos, esto consecuentemente, permitirá que figuras añejas sean eliminadas de los Códigos.
Por otra parte existe la ventaja, al homologar las conductas y las penas de crear certidumbre entre los gobernados, no solo como potenciales imputados de un delito, si no al momento de proteger su patrimonio, y es que como dice el Dr. Carbonell, un delito no tiene por qué ser más grave en una entidad que en otra, partiendo del punto de que los derechos valen igual en todos lados[2].
Otra ventaja que salta a la vista consiste en la uniformidad de criterios de aplicación de sanciones, que permitirán uniformidad en las actividades relativas a la impartición de justicia y como consecuencia darán certeza jurídica en un país que lamentablemente se debate día a día con la inseguridad, la injusticia, la corrupción y otros males.
Ahora bien, en cuanto a las posibles desventajas, la principal crítica es que esta acción vulneraría la soberanía de los Estados que integran la Federación, toda vez que la Carta Magna les permite legislar en materia penal (adjetiva y sustantiva), sin embargo este argumento es débil, estando conscientes de que la Constitución esperfectible mediante la figura de la Reforma Constitucional, cabe señalar como ya lo han hecho juristas de mucho mayor nivel que el propio, que bastará unremedo al artículo 73 Constitucional, para atribuir la facultad exclusiva al H.Congreso de la Unión de legislar en materia penal, iniciativa que luego deberá ser aprobada por el mismo y a su vez por la mayoría de los Estados que integran la Federación.
Más críticas radican en las diferencias culturales y de costumbres entre Estados haría imposible que existiera concordancia en temas como el aborto. Esto sin duda es un tema delicado que tomará horas y horas de minuciosa y delicada deliberación antes de llegar a un resultado aceptable, sin embargo un trabajo de calidad enla elaboración del cuerpo legal deberá subsanar todas las dudas en el tema, quea fin de cuentas parece más político que legal.
Hasta ahora hemos establecido que unificar la legislación penal traerá como consecuencia la promoción de la igualdad de la ley y certeza legal, permitirá una manera más efectiva de combatir el crimen y hará más fácil a las autoridades encargadas de la procuración de justicia el ejercicio de sus atribuciones, así mismo, permitirá la emisión de criterios homologados a nivel nacional. Bajo este escenario parece indiscutible la ventaja que representa.
Ahora bien, ¿estas ventajas se traducirán en un beneficio real? Es de suponer que así sea, sin embargo, cabe mencionar que con la etapa actual de transición que existe en el país, entre el sistema inquisitivo mixto y el acusatorio es delicado hablar del tema. Es necesario aclarar el panorama y poner los puntos en las íes previo a lanzarnos en tránsito de un camino que de antemano sabemos puede estar accidentado. Veamos.
Al día de hoy hay 12 Estados aplican ya el sistema acusatorio, con sólo 3 que lo han logrado aplicarlo en todo su territorio y para todos los delitos, además de los Estados que se encuentran rezagados (a falta de un mejor término puesto que no debemos olvidar existe un tiempo límite) la Federación no ha avanzado con decisión en el tema, dejando un gran vacío que eventualmente deberá ser llenado.
Trabajar en una legislación unificada a nivel nacional supone que la misma deberá de ser de corte acusatorio, esto facilitaría grandemente el camino a las entidades que restande acoplarse al nuevo modelo, toda vez que dejarán de lado el eje de normatividad y podrán concentrar sus esfuerzos en cuestiones de reorganización institucional y capacitación, que tan difíciles han resultado en la aplicacióndel nuevo sistema de justicia penal.
El único peligro real en la aplicación de una legislación penal unificada es el hecho de que pone encancha de la Federación y no de los Estados los elementos de la política criminal, cuando menos en su parte final (aplicación de sanciones), lo cual los desprovee de herramientas que tradicionalmente se han utilizado para fines políticos.
Con la adopción del sistema penal acusatorio, la unificación penal que garantice certeza en la administración de justicia y la ejecución de sanciones y la eventual independencia de las procuradurías del Poder Ejecutivo, sin duda México transitará a una nueva era en cuanto hace al Derecho Penal, que permitirá el desarrollo político,económico y social de nuestro querido país. Ojalá así sea.
[1]Vid: Álvaro Vizcaíno Zamora en: http://www.inacipe.gob.mx/
[2] Vid: http://www.miguelcarbonell.
Esta idea, recientemente traída anueva vida desde el camposanto de banderas políticas, adorna desde hace algunas semanas los diarios nacionales y es que el denominado Pacto por México propuesto por el Ejecutivo rescata la adopción de un Código Penal y Código de Procedimientos Penales únicos para todas las entidades federativas del paísy a nivel federal.
La propuesta que nos ocupa se remonta a varios ayeres y es que, al menos en el país, se ha intentado en ya varias ocasiones (1936, 1963, 1983 y 2003)[1].
La falta de decisión que impidió su aplicación en alguna de estas oportunidades escapa a la atención del autor, y es que en realidad parece una buena idea que acarrearía consecuencias deseables, no se me ocurre más que el hecho de que estábamos cómodos con el sistema penal que teníamos antes, uno que privilegiaba la discriminación a través de la existencia de 2 justicias paralelas, la de los pobres y la de los ricos.
¿Cuáles serían las ventajas de adoptar este esquema unificado? Dogmáticamente las ventajas son numerosas, primero, se privilegiaría la existencia de tipos penales actualizados y realmente aplicables, dado que el esfuerzo unificador supondrá una profunda revisión de los catálogos penales de los estados y los cuerpos normativos que contengan delitos, esto consecuentemente, permitirá que figuras añejas sean eliminadas de los Códigos.
Por otra parte existe la ventaja, al homologar las conductas y las penas de crear certidumbre entre los gobernados, no solo como potenciales imputados de un delito, si no al momento de proteger su patrimonio, y es que como dice el Dr. Carbonell, un delito no tiene por qué ser más grave en una entidad que en otra, partiendo del punto de que los derechos valen igual en todos lados[2].
Otra ventaja que salta a la vista consiste en la uniformidad de criterios de aplicación de sanciones, que permitirán uniformidad en las actividades relativas a la impartición de justicia y como consecuencia darán certeza jurídica en un país que lamentablemente se debate día a día con la inseguridad, la injusticia, la corrupción y otros males.
Ahora bien, en cuanto a las posibles desventajas, la principal crítica es que esta acción vulneraría la soberanía de los Estados que integran la Federación, toda vez que la Carta Magna les permite legislar en materia penal (adjetiva y sustantiva), sin embargo este argumento es débil, estando conscientes de que la Constitución esperfectible mediante la figura de la Reforma Constitucional, cabe señalar como ya lo han hecho juristas de mucho mayor nivel que el propio, que bastará unremedo al artículo 73 Constitucional, para atribuir la facultad exclusiva al H.Congreso de la Unión de legislar en materia penal, iniciativa que luego deberá ser aprobada por el mismo y a su vez por la mayoría de los Estados que integran la Federación.
Más críticas radican en las diferencias culturales y de costumbres entre Estados haría imposible que existiera concordancia en temas como el aborto. Esto sin duda es un tema delicado que tomará horas y horas de minuciosa y delicada deliberación antes de llegar a un resultado aceptable, sin embargo un trabajo de calidad enla elaboración del cuerpo legal deberá subsanar todas las dudas en el tema, quea fin de cuentas parece más político que legal.
Hasta ahora hemos establecido que unificar la legislación penal traerá como consecuencia la promoción de la igualdad de la ley y certeza legal, permitirá una manera más efectiva de combatir el crimen y hará más fácil a las autoridades encargadas de la procuración de justicia el ejercicio de sus atribuciones, así mismo, permitirá la emisión de criterios homologados a nivel nacional. Bajo este escenario parece indiscutible la ventaja que representa.
Ahora bien, ¿estas ventajas se traducirán en un beneficio real? Es de suponer que así sea, sin embargo, cabe mencionar que con la etapa actual de transición que existe en el país, entre el sistema inquisitivo mixto y el acusatorio es delicado hablar del tema. Es necesario aclarar el panorama y poner los puntos en las íes previo a lanzarnos en tránsito de un camino que de antemano sabemos puede estar accidentado. Veamos.
Al día de hoy hay 12 Estados aplican ya el sistema acusatorio, con sólo 3 que lo han logrado aplicarlo en todo su territorio y para todos los delitos, además de los Estados que se encuentran rezagados (a falta de un mejor término puesto que no debemos olvidar existe un tiempo límite) la Federación no ha avanzado con decisión en el tema, dejando un gran vacío que eventualmente deberá ser llenado.
Trabajar en una legislación unificada a nivel nacional supone que la misma deberá de ser de corte acusatorio, esto facilitaría grandemente el camino a las entidades que restande acoplarse al nuevo modelo, toda vez que dejarán de lado el eje de normatividad y podrán concentrar sus esfuerzos en cuestiones de reorganización institucional y capacitación, que tan difíciles han resultado en la aplicacióndel nuevo sistema de justicia penal.
El único peligro real en la aplicación de una legislación penal unificada es el hecho de que pone encancha de la Federación y no de los Estados los elementos de la política criminal, cuando menos en su parte final (aplicación de sanciones), lo cual los desprovee de herramientas que tradicionalmente se han utilizado para fines políticos.
Con la adopción del sistema penal acusatorio, la unificación penal que garantice certeza en la administración de justicia y la ejecución de sanciones y la eventual independencia de las procuradurías del Poder Ejecutivo, sin duda México transitará a una nueva era en cuanto hace al Derecho Penal, que permitirá el desarrollo político,económico y social de nuestro querido país. Ojalá así sea.
[1]Vid: Álvaro Vizcaíno Zamora en: http://www.inacipe.gob.mx/
[2] Vid: http://www.miguelcarbonell.
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